Ya pasó una semana desde que arrancó la tan esperada “Elección Judicial”, la cual para muchos es una vía para democratizar la justicia, acercarla al pueblo y hacer que los jueces ahora sí rindan cuentas. Aunque este discurso suena poderoso y esperanzador, también suena como algo que necesita una pausa para ponernos a cuestionar.
Vale la pena recordar que, desde que la Reforma al Poder Judicial inició, quienes apoyaban esta medida, argumentan que durante décadas el sistema había sido cerrado, elitista y lejano a las necesidades reales de la población. Que la justicia servía más a intereses políticos o económicos que a la gente común; desde esa perspectiva aseguraban que abrir el proceso y permitir que la ciudadanía eligiera a ministros, magistrados y jueces representaba un acto de democratización.
Por otro lado, la contraparte advertía sobre los posibles riesgos, el principal era que se politizará la justicia, es decir, que los jueces comenzarán a tomar decisiones pensando en su imagen pública o en el respaldo de ciertos grupos, más que en lo que dice la ley. También comentaban que el proceso podía convertirse en una competencia de popularidad, en lugar de un examen serio sobre la trayectoria, el conocimiento jurídico y la imparcialidad de los aspirantes.
La idea de elegir a jueces por voto popular no es nueva, pero su aplicación en México sí lo es, y aunque apenas va comenzando, versiones por parte de la ciudadanía ya empezaron a sonar: candidatos promovidos por partidos, precampañas, eslóganes con propuestas (que no pueden cumplir), y “debates” que se sienten más como mítines disfrazados. Lo que debería ser un proceso serio, técnico, de perfiles con experiencia legal y trayectoria impecable, se está convirtiendo en un desfile de popularidad.
Sin embargo, ahora que las elecciones ya son una realidad, nos tocará observar de cerca si los resultados son favorables para México, o cuáles serán las medidas que tendremos que realizar en el futuro para perfeccionar estas nuevas elecciones.
Otro punto para cuestionar en estas elecciones históricas es haberle abierto la puerta a la politización del Poder Judicial, que debería ser el más neutral de todos. Si un juez necesita votos, necesita campaña, por lo que, si necesita campaña, necesita dinero. Y si necesita dinero, ¿quién financiará esas campañas? ¿No se generará una nueva forma de dependencia, ahora no hacia el Ejecutivo, sino hacia grupos políticos o económicos que respalden a los candidatos?
En estos primeros días, ya comenzaron a surgir nombres, propuestas y debates, aunque algunas candidaturas generan interés genuino, otras parecen responder más a cuotas políticas. Lo cierto es que aún es pronto para saber si este modelo funcionará, pero ya está claro que necesita reglas claras, vigilancia ciudadana y, sobre todo, compromiso institucional.
La elección judicial puede ser una oportunidad para acercar la justicia a la gente, pero también puede convertirse en un arma de doble filo si no se maneja con responsabilidad. No se trata de estar “a favor” o “en contra”, sino de entender que la justicia no puede ni debe estar al servicio del gobierno en turno, sino de la ley y los derechos de todas las personas.
Apenas es el comienzo, pero este proceso nos exige estar atentos para solicitar mayor transparencia, mejores perfiles y un verdadero compromiso con la legalidad.
