Las reformas a la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Población ponen en riesgo la privacidad de los mexicanos al promover mecanismos de vigilancia sin garantías, aseguró Amnistía Internacional (AI).
La organización defensora de derechos humanos más grande del mundo difundió una lista de los puntos más preocupantes sobre ambas leyes, entre los que destacó que las reformas se aprobaron sin parlamento abierto, excluyendo a las familias de personas desaparecidas, omisión que debilita su legitimidad e ignora a quienes enfrentan la crisis de desapariciones.
Además, advirtió que estas reformas introducen medidas que amenazan la privacidad como el acceso irrestricto a datos biométricos y personales, y la creación de una CURP biométrica, datos que podrían usarse indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.
Aseguró que las reformas no abordan puntos esenciales, pues no enfrentan la crisis forense, no asignan presupuesto para su implementación, no tipifican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad y no establecen responsabilidades para mandos superiores.
Por su parte el Centro Prodh, aseguró que las reformas aprobadas a la Ley General en Materia de Desaparición son insuficientes para enfrentar la crisis por la que atraviesa México.“La deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias continúa vigente”, consideró el organismo civil de promoción, defensa y difusión de los derechos humanos, ya que se privó de la participación a las familias en el foro legislativo y no incluye medidas concretas para enfrentar la crisis.
