El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el dictamen presentado por la diputada el PAN, Joss Vega, para sancionar con mayor severidad el incumplimiento de órdenes de protección en casos de violencia familiar, lo cual significa que desobedecer una medida dictada para proteger a una víctima tendrá una pena más alta y multa económica.
Con esta reforma se adiciona un segundo párrafo al artículo 278 del Código Penal del Estado de Chihuahua para establecer que, si la desobediencia recae sobre una orden de protección en favor de una víctima de violencia familiar, la pena se incrementará en dos terceras partes y se impondrá de 200 a mil días multa. Durante el análisis en la mesa técnica interinstitucional también se determinó ampliar el alcance de la medida para incluir a niñas, niños, adolescentes y otras personas en situación de vulnerabilidad, manteniendo como prioridad la protección de las mujeres.
En 2023, Chihuahua registró 41 feminicidios y más de 18 mil 500 denuncias por violencia familiar; además, 66.1% de las mujeres en el estado ha vivido algún tipo de violencia. “Una orden de protección debe servir para cuidar la vida y la seguridad de la víctima, y quien la incumpla debe enfrentar consecuencias claras”, expresó Joss Vega.
Con esta reforma no se crean nuevas estructuras ni implica presupuesto adicional, sino que se fortalece una sanción ya prevista en el Código Penal para darle un tratamiento más estricto cuando exista violencia familiar. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y refuerza la respuesta legal para proteger a quienes se encuentran en mayor riesgo.
