Con 31 votos a favor y doce en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Aduanera para fortalecer el combate a la corrupción y a la evasión fiscal, reducir el contrabando, hacer más eficiente la operación de las aduanas y establecer un mayor control sobre el ingreso y la salida de mercancías. 

El legislador morenista, Carol Altamirano, presidente de la comisión dictaminadora, enumeró cinco cambios a la iniciativa presidencial, entre ellos aumentar la vigencia de la patente aduanal de diez a veinte años, prorrogables hasta por otros veinte, para dar mayor certeza a agentes y agencias sobre sus inversiones en infraestructura, capacitación y desarrollo. 

Además, el dictamen amplió de dos a tres años el plazo para la certificación de los agentes aduanales, a efecto de mantener su patente y asegurar estándares de actualización y profesionalización continua para llevar a cabo el despacho aduanero, sin que ello implique mayores cargas administrativas tanto para agentes y agencias aduanales, como para la autoridad. 

No obstante, legisladores del PAN, PRI y MC sostuvieron que las reformas propuestas por el Ejecutivo son insuficientes para frenar el “huachicol fiscal” o contrabando de combustibles que, según la Procuraduría Fiscal, ha generado pérdidas por más de 600 mil millones de pesos al erario durante los últimos años. 

El diputado del PAN, Federico Döring calificó la reforma aduanera como una “faramalla propagandística”, pues, dijo, 99% de la corrupción y “huachicol fiscal” no es responsabilidad de los agentes aduanales, sino de servidores públicos y oficiales de la Marina, como el contralmirante Fernando Farías Laguna. 

La reforma a la Ley Aduanera prevé modificaciones a 65 artículos, adiciones a 44 y la derogación de otros nueve, y entre otros aspectos, establece una vigencia prorrogable de las patentes de agentes y autorización de agencias aduanales, así como una constante certificación. Además, fija nuevo requisito para ser agente aduanal, entre otras, no ser servidor público ni estar inhabilitado, presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes le solicitan trámites de comercio.