
Las comisiones unidas de Justicia, Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron con el voto de Morena y sus aliados la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial, la cual busca combatir la “piratería”, donde se matizó el artículo que pretende castigar con cárcel a quienes usaran la imagen del gobierno para parodias y “memes” y multas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 4.7 millones de pesos.
Sin embargo, de último momento y antes las críticas de la oposición, se modificó el artículo 403 Bis de Ley Federal de Protección Industrial, con el fin de acotar que sólo se sanciona el uso de la imagen gubernamental cuando sea con fines comerciales o para cometer algún engaño o fraude con logotipos oficiales. Pero senadores de oposición votaron en contra al considerar que dicho cambio no expone claramente que no castigará a quienes utilicen esta imagen con la finalidad de hacer parodias o “memes”.
Las sanciones también se redujeron de entre uno a cinco años de prisión a quien infrinja la ley a través de reproducciones o imitaciones que incorporen a escala comercial la identidad gráfica institucional, así como dominios electrónicos para engañar a la ciudadanía. También abarca “imágenes, videos, audios, voces o material protegido por copyright, incluyendo aquel contenido manipulado o creado mediante inteligencia artificial (IA)”.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, rechazó que la reforma busque sancionar a quien realice memes o bien, la libertad de expresión, por lo que presentó una reserva, misma que modificó los alcances de la “Ley Antimemes”; y por ello, resaltó que con la reserva se elimina de la elimina de la redacción “dependencias y entidades de la administración pública”.
Es decir, la ley propone que a quien utilice los logotipos gubernamentales y haga portales de internet que imiten a los oficiales, para engañar a la ciudadanía y publicar información o comunicaciones falsas (como ejemplo, alguna convocatoria a recibir becas o préstamos condicionados a cambio de dinero), se sancionarán con multas económicas y cárcel.





