Los diputados y diputadas de Morena buscan expedir la “Ley Aras” para que el Estado persiga de oficio los fraudes masivos en la entidad, así como que se añadan tres nuevos tipos de fraude. A raíz de la serie de demandas que fueron interpuestas contra Aras Investment Business Group

Durante la sesión plenaria de este martes, el diputado de Morena David Óscar Castrejón Rivas presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto para reformar la fracción n) del Artículo 98, el segundo párrafo del Artículo 99 y el último párrafo del artículo 224, así como para adicionar las fracciones XI, XII y XII del Artículo 224 todos del Código Penal del Estado de Chihuahua

En la propuesta de decreto, la bancada de Morena establece que las denuncias presentadas por chihuahuenses en contra de la empresa Aras, por no recibir el retorno de sus inversiones, plantean la necesidad de llenar la laguna legal existente en el delito de fraude. Puesto que ninguna autoridad local o nacional sabe cuál es la vía correcta para perseguir dicho delito.

Se busca que los fraudes masivos se persigan de oficio por el Estado. Que no se pueda otorgar el perdón y que se añadan 3 nuevos tipos penales: cuando se no haga entrega de los intereses o rendimientos pactados, así como de la cantidad ahorrada o invertida, en el término de 15 días naturales después del vencimiento del plazo pactado;

Al que reciba dinero, valores o cualquier otra cosa por concepto de ahorro o inversión a sabiendas de que no los podrá reintegrar. Al que realice publicidad engañosa por medios masivos de comunicación con la intención de recibir dinero, valores o cualquier otra cosa por concepto de ahorro o inversión.

”Estamos frente a una conducta completamente deliberada y criminal, miles pidieron créditos o vendieron sus negocios terrenos, ahorros y propiedades para invertirlas en este esquema quedando totalmente en la bancarrota. Luego entonces, no es el Estado Mexicano, ni el Sistema Financiero el que se ve afectado, como en los delitos Financieros, sino que estamos frente a una afectación masiva y directa que recienten los Chihuahuenses y sus familias en su patrimonio, lo cual implica que es competencia del ámbito penal local”, dicta la propuesta