El titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, presentó ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dos denuncias por la probable comisión de delitos de encubrimiento por favorecimiento y obstrucción del servicio público, luego de detectar que 23 carpetas de investigación por presuntos desvíos de recursos públicos fueron dejadas prescribir.
En este sentido, el fiscal explicó que, tras una revisión de expedientes heredados de administraciones anteriores, se identificó que denuncias presentadas por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua y la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua quedaron sin seguimiento, lo cual provocó que perdieran vigencia legal y se imposibilitara proceder penalmente por un monto superior a 171 millones de pesos.
“Son 23 denuncias que dejaron prescribir de manera intencional, a nuestro particular punto de vista, y dejaron a los chihuahuenses en un estado de indefensión por más de 171 millones de pesos”, informó.
Valenzuela Holguín comentó que la revisión permitió advertir presuntas irregularidades ocurridas durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, en expedientes relacionados con funcionarios de primer y segundo nivel de la Secretaría de Hacienda. Entre los nombres vinculados aparece el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, quien actualmente es considerado prófugo de la justicia.
De acuerdo con el fiscal, seis denuncias fueron presentadas por la Secretaría de la Función Pública durante la gestión de Stephanie Olmos Loya; sin embargo, al momento de su presentación ya habían transcurrido alrededor de tres meses del plazo legal para continuar las investigaciones, lo que dejó los casos sin posibilidad de avance.
Por otro lado, las otras 17 querellas fueron promovidas por la Auditoría Superior del Estado, cuando Armando Valenzuela Beltrán encabezaba ese órgano. En dichos expedientes, señaló el fiscal, el tiempo restante para continuar las indagatorias era mínimo, pues en algunos casos quedaban apenas dos semanas antes de que se cumpliera el plazo de prescripción.
