A una semana del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, tres víctimas directas presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de empresas constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente vinculados con irregularidades en la obra.
Las víctimas, representadas por un equipo legal del despacho Vega MacGregor Arellano Abogados, denunciaron ante la sede de la FGR en la Ciudad de México que el siniestro fue consecuencia de irregularidades y fallas graves en las etapas de construcción, supervisión y operación del proyecto ferroviario.
Los afectos han acusado directamente a tres empresas constructoras, identificadas en documentos como COMSA Infraestructura S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V. y Daniferrotools S.A. de C.V., así como a servidores públicos que estuvieron a cargo de diversos aspectos del proyecto.
De acuerdo con el abogado Adrián Arellano, la denuncia incluye posibles delitos como lesiones, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y administración fraudulenta en contratos públicos, y busca que los querellantes puedan participar en la investigación oficial y el dictamen pericial que determine las causas del accidente.
Además, expuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que existen irregularidades desde el 2019 hasta febrero de 2025, cuando fue la última auditoría, donde se notificó la mala construcción y supervisión del proyecto.
