Un proyecto de ley presentado en Bolivia que plantea la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle ha desatado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de derechos humanos, las cuales advierten que la medida vulneraría derechos fundamentales.
La propuesta fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de Unidad, una alianza opositora de centro, con el argumento de favorecer la reinserción social de personas en situación de calle, especialmente mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
El proyecto establece que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización pueda convertirse en obligatoria y realizarse bajo control judicial.
Según explicó dicha propuesta surgió al observar la situación de mujeres y bebés que viven en la calle y están expuestos al consumo de sustancias como la clefa, un tipo de pegamento altamente inflamable. El legislador señaló que, antes de una eventual esterilización, cada persona sería sometida a evaluaciones médicas y psicológicas, además de una revisión de su historia clínica.
El documento fue presentado hace unas semanas y deberá ser tratado próximamente, en primera instancia, por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Rodríguez también dejó abierta la posibilidad de modificar el artículo que establece la esterilización obligatoria durante el análisis legislativo.
Activistas han calificado dicha propuesta como “inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”. Aseguraron que dicha iniciativa puede afectar especialmente a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza. Asimismo, aseguraron que se debería destinar mayores recursos para evitar que las personas terminen viviendo en las calles en condiciones de extrema pobreza.
Las organizaciones también citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidos los casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú, que establece que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden a cada mujer y no pueden estar sujetas a coerción.
