La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General contra la Extorsión, con la cual se podrá perseguir de oficio a quienes cometan dicho delito y castigarlos con hasta 25 años de prisión. 

Con la unanimidad de 456 votos a favor, la Cámara baja avaló en lo general el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política. 

Además, reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.   

¿Qué cambios trae la nueva Ley General contra la Extorsión? 

  • Tipo penal básico: ahora la extorsión se sanciona con prisión de 6 a 15 años, y puede aumentar según 34 agravantes, como violencia, uso de armas o amenazas a familiares. 
  • Prisión preventiva automática: cualquier persona acusada de extorsión puede ser detenida mientras se investiga el caso, evitando que el delito continúe. 
  • Investigación de oficio: las autoridades pueden iniciar procesos sin que la víctima presente denuncia, fortaleciendo la persecución del delito. 
  • Denuncias anónimas: los ciudadanos pueden reportar extorsión al número 089 sin identificarse. 
  • Uso de bienes decomisados: los recursos obtenidos a través del delito se usarán para reparar el daño a las víctimas. 

¿Cómo afecta la ley a policías y funcionarios públicos? 

Uno de los debates más importantes fue sobre los funcionarios que no denuncian la extorsión. La propuesta original planteaba que policías, jueces, agentes del Ministerio Público y directivos de penales cómplices recibieran 10 a 20 años de prisión.  

Después de los ajustes aprobados por los Diputados, sus penas quedaron en 5 a 12 años, argumentando que la omisión no es igual a la comisión del delito. 

  • Si un funcionario comete extorsión directamente, se le aplicará una pena especial de hasta 25 años, sin beneficios como libertad anticipada o prisión domiciliaria. 
  • Esto incluye situaciones donde se aproveche de su cargo para exigir dinero o proteger extorsionadores. 

¿Qué significa esta nueva ley para los ciudadanos y empresas? 

  • Permite que las denuncias anónimas sean tomadas en cuenta, aumentando la seguridad para quienes temen represalias. 
  • Facilita que los delitos de extorsión se investiguen de inmediato, reduciendo el tiempo de impunidad. 
  • Establece que los bienes obtenidos por extorsión financien la reparación del daño a las víctimas, como apoyo económico o indemnizaciones. 
  • Bloquea las comunicaciones dentro de prisiones para evitar que los reclusos extorsionen a distancia. 

Ley General contra la Extorsión ahora pasará al Senado para su revisión final, y su implementación promete fortalecer la persecución de la extorsión en todo el país.