La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe a bancos y tiendas departamentales aplicar cargos por cancelar tarjetas de crédito o débito. Con 467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que prohíbe a bancos y tiendas departamentales aplicar cargos o comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito o débito.
Esta medida, impulsada por legisladores de Morena, establece que los clientes podrán cancelar sus tarjetas en cualquier momento, ya sea de manera presencial, telefónica o digital, durante las 24 horas de los 365 días del año.
La reforma modifica varias disposiciones de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros, fortaleciendo la obligación de las instituciones de respetar el consentimiento expreso del cliente antes de generar cualquier tipo de comisión.
Asimismo, dicha iniciativa también reforma la fracción I del artículo 18 Bis, estableciendo que en los formularios de contratación debe quedar claramente asentado que el cliente fue informado del contenido de las cláusulas del contrato. Sin el consentimiento expreso, las instituciones no podrán generar ningún cargo ni comisión.
Además, se adiciona el artículo 18 Bis-12, que prohíbe los cobros por anualidad, comisiones u otros conceptos asociados a tarjetas de crédito o débito una vez que el cliente haya solicitado su cancelación.
El Diputado Monreal Ávila subrayó que el historial crediticio o la falta de uso de la tarjeta no podrán ser utilizados para afectar el perfil del cliente en el Buró de Crédito. Además, las entidades financieras deberán reembolsar los cobros indebidos en un plazo máximo de cinco días hábiles, garantizando así una reparación inmediata.
El dictamen, que ahora será enviado al Senado de la República, busca alinear las políticas mexicanas con estándares internacionales que facilitan los procesos de cancelación. Monreal comparó que, en muchos países, los usuarios aún deben acudir presencialmente a cancelar una tarjeta, enfrentando tardanzas o trabas deliberadas para desalentarlos.
Con esta reforma, México da un paso adelante hacia un modelo financiero más justo y accesible, en el que las instituciones deben respetar las decisiones del cliente sin penalizaciones ni obstáculos.
