Durante este primero de enero entraron en vigor las reformas relativas al fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad Publica Ciudadana que preside Omar García Harfuch y de ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa. En este sentido, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción de la SSPC.
La secretaría de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivo, asimismo auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Por otro lado, se encargará de la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno.
Respecto a la prisión preventiva oficiosa y su ampliación del catálogo de delitos, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez esta medida cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y el desarrollo de la investigación. Además, se añade la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
La prisión preventiva oficiosamente se dará además en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
