
El 27 de enero de 2023, México recibió una advertencia seria sobre su sistema judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó que el Estado había violado los derechos de tres personas al someterlas a detenciones inhumanas. La Corte ordenó cambios importantes, entre ellos la modificación la prisión preventiva.
La prisión preventiva es una medida cautelar contemplada en el derecho internacional y aplicable dentro del proceso penal. Se utiliza con el propósito de evitar riesgos procesales, como la fuga del imputado o la obstaculización de la investigación, como se establece en el artículo 19 de la Constitución Mexicana. Esta medida se impone tras un análisis individualizado por parte del órgano judicial, donde se evalúan la necesidad y proporcionalidad de la misma en relación con las circunstancias del caso.
Es importante distinguir la prisión preventiva ordinaria de la prisión preventiva oficiosa, esta última establecida en México de manera automática para ciertos delitos graves, sin considerar las particularidades del caso concreto. Mientras que la primera se fundamenta en una evaluación específica de la situación del imputado y la necesidad de su aplicación, la segunda se aplica de manera predefinida según la tipificación del delito en cuestión.
El uso excesivo de la prisión preventiva en México es preocupante, ya que se aplica sin considerar adecuadamente los estándares de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que las normativas mexicanas establecen la prisión preventiva para delitos graves sin realizar un análisis individualizado de cada caso. Además, estas normas se han ampliado aún más a través de reformas, como la inclusión de la prisión preventiva oficiosa en la constitución.
Este abuso de la prisión preventiva afecta negativamente la investigación y enjuiciamiento de delitos en el país. A finales de 2022, más del 40% de la población carcelaria estaba en prisión preventiva, con duraciones de proceso que pueden extenderse a más de un año. Esto tiene graves repercusiones en la vida de los detenidos, especialmente en términos de sufrimiento y violaciones de derechos humanos. Además, la presión por salir de la cárcel puede llevar a que las personas acepten procedimientos abreviados sin ser necesariamente culpables.
Es entonces crucial entender que esta sentencia no es solo una formalidad. Es una llamada urgente a corregir un sistema judicial que ha abusado repetidamente de los derechos humanos. Pero cumplir con estas órdenes enfrenta resistencia, especialmente en un momento en el que el gobierno parece favorecer el uso excesivo de la prisión preventiva.
Bajo esta línea es necesario que se genere un análisis que proteja los derechos humanos, pero que a su vez no se entorpezcan los procedimientos, así como también las investigaciones, esto a manera de que se brinde certeza jurídica, y que sobre todo se haga justicia a las víctimas, una justicia que hoy en día es muy buscada en nuestro país.