La Cámara de Diputados aprobó con 328 a favor y 131 en contra la Ley General de Aguas, una reforma que redefine la gestión del recurso en México y apuesta por recuperar la rectoría del Estado, frenar el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Según el dictamen presentado por el titular de la Conagua, Efraín Morales, la ley establece que el agua deje de considerarse una mercancía y pase a reconocerse como un bien estratégico.
El Estado sería la única autoridad facultada para otorgar concesiones, lo que elimina la compra, venta o transferencia de títulos entre particulares, prácticas que —según las autoridades— favorecieron la concentración de derechos desde 1992.
Además, la reforma también crea el Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso y contempla la cancelación de concesiones acaparadas o sin uso. Asimismo, endurece sanciones por robo de agua y regula obras privadas de captación pluvial que han alterado ciclos hidrológicos.
Por su parte, productores agrícolas, principalmente del norte del país, advirtieron que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera incertidumbre, pues el acceso al agua forma parte del valor de sus tierras. Aunque Conagua aseguró que herencias y compraventa de predios seguirán permitidas, los agricultores afirman que no existe claridad sobre los nuevos trámites ni sobre cómo se protegerán sus derechos históricos.
