La Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Antimemes”, una reforma que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas para quienes utilicen logotipos, imágenes, emblemas o documentos de instituciones públicas con fines fraudulentos.
Esta iniciativa provocó un enfrentamiento entre Morena y la oposición por sus posibles consecuencias para la libertad de expresión y la sátira política.
Con 312 votos a favor y 119 en contra, el pleno de San Lázaro avaló modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Dicha reforma busca combatir la piratería, proteger los derechos de propiedad intelectual y sancionar el uso indebido de elementos de identidad institucional para engañar a la población. Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron que la redacción podría permitir interpretaciones que afecten a quienes publican caricaturas, memes o críticas contra las autoridades.
La denominada “Ley Antimemes” contempla sanciones para quienes utilicen sin autorización elementos que permitan identificar a instituciones públicas cuando exista una intención de engaño vinculada con la comisión de un delito.
El dictamen incluye la reproducción, imitación o incorporación de logotipos, emblemas, dominios electrónicos y documentos oficiales pertenecientes a dependencias de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con el texto aprobado, la conducta debe ocurrir a escala comercial y con la intención de inducir al error para cometer un ilícito, mediante comunicaciones, plataformas digitales, servicios o sistemas informáticos que aparenten tener un origen gubernamental.
Durante la discusión, el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que la legislación no busca castigar las expresiones humorísticas ni las críticas dirigidas a funcionarios públicos. “Esta reforma no está dirigida a prohibir los llamados memes, la crítica al gobierno, ni la sátira política”, afirmó el legislador.
Explicó que el objetivo consiste en impedir que organizaciones dedicadas a la piratería y otras actividades ilícitas aprovechen vacíos legales o herramientas tecnológicas para realizar operaciones fraudulentas.
No obstante, diputados opositores cuestionaron el alcance de la redacción y advirtieron sobre posibles riesgos para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
Para quienes utilicen o reproduzcan elementos de identidad institucional con fines fraudulentos, el dictamen contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además, establece penas de tres a siete años de cárcel y multas de mil a 10 mil días multa para quienes, a escala comercial y sin autorización, supriman o alteren deliberadamente información sobre gestión de derechos.
La votación de 312 diputados a favor y 119 en contra corresponde a la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la aprobación en San Lázaro no significa que las nuevas sanciones ya estén vigentes.
Para determinar cuándo comenzarán a aplicarse, es necesario conocer el estado del procedimiento legislativo, la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las disposiciones transitorias que establezcan su entrada en vigor.
