El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, aseguró que la separación del cargo de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa no puede reducirse a una medida política de contención, sino que debe ser apenas el inicio de una investigación real, exhaustiva y sin simulaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder público
Medina señaló que la exigencia social va mucho más allá de licencias o relevos temporales, pues lo que México demanda es una revisión profunda sobre todos los actores políticos, funcionarios y operadores de gobierno que pudieran estar vinculados con organizaciones criminales, particularmente en entidades donde durante años la sociedad ha denunciado presuntos nexos entre poder político y narcotráfico.
“El país no puede seguir actuando únicamente cuando hay presión o llamados desde el extranjero. La defensa de nuestra soberanía exige decisiones firmes desde dentro, con instituciones mexicanas que respondan a las y los ciudadanos, no a cálculos electorales ni a crisis mediáticas”, expresó.
“Cuando el poder público tolera, encubre o permite que el crimen organizado sustituya funciones del Estado en regiones enteras, lo que está en juego no es solo la seguridad pública, sino la soberanía nacional misma”, agregó.
