A un año del incendio en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes extranjeros, organizaciones, redes y albergues de la sociedad civil alzaron la voz para denunciar pocos avances en la investigación de esos hechos y el desdén institucional del gobierno de México ante esta tragedia.
“No hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”, señalan casi 50 organizaciones, redes y albergues de la sociedad en un posicionamiento conjunto que hicieron público este 26 de marzo.
En su documento, acusan que “lo sucedido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado, consecuencia directa de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México”
Además, señalan que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) han tenido pocos avances sustanciales en el proceso penal y actualmente no hay una sentencia condenatoria.
