Durante la madrugada de este jueves 2 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Plan B” a la Reforma Electoral, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque dicha ley no será aplicable en los procesos electorales próximos del Estado de México y Coahuila, entrará en vigor para el resto el día de mañana viernes 3 del presente mes.
La publicación del Plan B en el DOF puso en marcha la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en reiteradas ocasiones, ha sido criticada debido al principio de austeridad mediante el cual se rige.
El decreto estipula, dentro de otras cosas, la reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional, ordenando al INE a fusionar su estructura con la de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) mediante un estatuto que deberá ser presentado a más tardar el 30 de julio de 2023.
Las reformas establecen que las OPLES no tendrán estructuras municipales o distritales permanentes y estas sólo podrán ser instaladas durante los procesos electorales con un máximo de tres consejeros electorales (o cinco, en casos extraordinarios que lo requieran).
Otro asunto importante en el “Plan B” es el concepto de propaganda gubernamental, pues ahora permite que las y los funcionarios se manifiesten “en uso de su libertad de expresión”. Por lo que, la promoción e información sobre funcionarios, programas, obras y otras acciones relevantes para la población no se denominará como “propaganda”, sino como una “campaña de comunicación social”.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) será la que determinará si el “Plan B” y sus disposiciones incurren en actos de inconstitucionalidad, sin embargo, la fecha límite para que la SCJN se pronuncie al respecto es el 31 de mayo de 2023 y le es necesario el voto de 11 magistrados de las Salas Superiores.
