El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en todos los planteles de la entidad, tanto públicos como privados con validez oficial.
Con esta decisión, Chihuahua se convierte en la primera jurisdicción del país en establecer legalmente esta restricción en el ámbito escolar. La medida, impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), ha desatado un fuerte debate social y político, generando reacciones polarizadas en la educación y en redes sociales.
Dicha iniciativa, promovida por el diputado Carlos Olson San Vicente (PAN), incorpora una nueva fracción al artículo 8º de la ley estatal, obligando a las autoridades escolares a acatar el uso correcto del idioma español en la enseñanza básica.
El legislador argumentó que la educación básica es “fundamental para preservar la riqueza y unidad” de la lengua, a la que definió como un vehículo de identidad cultural. La defensa de la reforma se centró en que una enseñanza apegada a la gramática y la ortografía permite a los estudiantes expresarse “con precisión y comprensión”.
La aprobación no estuvo exenta de controversia, la discusión en el parlamento se extendió por más de hora y media, con la bancada de Morena intentando, sin éxito, devolver la iniciativa a la Comisión de Educación para un análisis más exhaustivo. Colectivos de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBT+ advirtieron que los elementos expuestos en el dictamen podrían interpretarse como discurso de odio y que la reforma podría legitimar la exclusión de expresiones de género no binarias en los espacios educativos.
Olson celebró la aprobación publicando en X: “¡LO LOGRAMOS! Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas. No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’.”
