Más de 300 mil productores agrícolas de diversas regiones del país se movilizaron para exigir al Gobierno Federal una respuesta ante la crisis que enfrenta el campo mexicano. Sin embargo, tras la jornada de protestas, Eraclio “Yako” Rodríguez reconoció que no se logró ningún acuerdo y que el gobierno “sigue pasmado, sin posibilidad de dar una respuesta ni positiva ni negativa”.
De acuerdo con los líderes del movimiento, la movilización superó todas las expectativas, incluso las del propio Gobierno Federal. “Nadie esperaba que saliéramos tantos. Según las cuentas del mismo gobierno, nos movilizamos cerca de 300 mil agricultores, y el gobierno está totalmente pasmado”, afirmó Yako Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien informó que ya se perfilan nuevas acciones.
En este sentido, Yako hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum para que los reciba y conozca la realidad del campo mexicano, ya que hasta el momento las decisiones del Gobierno Federal se han basado en información incompleta o distorsionada, influenciada por los grandes grupos empresariales del sector.
“El hambre y la necesidad no unifica”, declaró el líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. En movilizaciones anteriores la participación de los agricultores era menor, pero ahora todos están quebrados y sin posibilidad de seguir produciendo.
Explicó que este movimiento representa un despertar del campo mexicano, donde productores grandes y pequeños se han unido por una causa común: salvar su sustento y evitar la quiebra del sector agrícola nacional.
Advirtió que el campo mexicano atraviesa una situación crítica: los precios del maíz, uno de los principales cultivos del país, se encuentran por debajo del 50% de los costos de producción, lo que ha dejado a miles de productores sin posibilidad de pagar sus deudas. Además, enfermedades fúngicas en los cultivos han reducido el rendimiento hasta en un 30% agravando la situación financiera de los agricultores.
Para finalizar, Yako Rodríguez denunció que la nueva Ley de Aguas Nacionales impulsada por el Ejecutivo federal vulnera derechos adquiridos de los productores con títulos de riego y bombeo, al pretender aplicar retroactivamente disposiciones que afectarían la propiedad del agua y la producción agrícola.
