La acusación popular en el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, redujo de 24 a 13 años la pena de cárcel que solicita para ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público.
La modificación fue presentada en un nuevo escrito previo al juicio, que será celebrado con un jurado popular, después de que la Audiencia de Madrid avalará que Gómez sea juzgada por estos dos delitos.
En la nueva petición, las acusaciones solicitan dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años adicionales por malversación no continuada. La reducción también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, para quien la acusación rebajó la solicitud inicial de 22 años de prisión a seis años.
El proceso judicial investiga la actividad de Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, una institución pública, donde las acusaciones sostienen que asumió el cargo “sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento”.
Además, la acusan de un supuesto delito de malversación relacionado con el uso privado del trabajo de su asesora, quien recibe su salario con fondos públicos. La acusación popular, encabezada por la organización Hazte Oír, también solicitó la comparecencia de alrededor de un centenar de testigos, entre ellos el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
Según el escrito presentado, la declaración de Sánchez estaría relacionada con el supuesto uso del Palacio de la Moncloa como espacio vinculado al proyecto desarrollado por Gómez.
El pasado 16 de julio, el juez encargado del caso decidió que Gómez fuera juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que descartó otras acusaciones iniciales como apropiación indebida y corrupción en los negocios.
Además, el magistrado retiró las medidas cautelares que pesaban sobre la esposa del presidente español, entre ellas la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.
