Los diputados de Morena en el Congreso del Estado, rechazaron al aumento a la tarifa del transporte público, luego de que el Gobierno del Estado anunciara los nuevos precios que aplicarán en toda la entidad.
Ante el anuncio que aumentarán 3 pesos las rutas alimentadoras y la ruta troncal, quedando en 12 y 10 pesos, la fracción parlamentaria de Morena manifestó el apoyo a los ciudadanos que diariamente hacen uso de este servicio, y que verán afectados sus ingresos.
El coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, reiteró que es hora de que el Gobierno del Estado asuma esta obligación, y no sólo permita que sean los concesionarios o los ciudadanos quienes carguen con el costo, sino desde el derecho a la movilidad de los ciudadanos, como se debe abordar este tema.
Ante los argumentos y justificaciones de las autoridades estatales y los diputados del PAN en defender esta política y de “lavarse las manos”, el diputado aseguró que en el estado no existe un problema de recursos para asumir un subsidio, sino de la mala distribución de los recursos públicos.
“Revisemos las reservas que se plantearon en diciembre y veremos las aberraciones que se aprobaron y ahorita con la mano en la cintura, nos dicen que no hay dinero, es que los recursos están destinadas malamente”, señaló el diputado, al recordar que aumentaron 73 millones de pesos para viáticos en turismo, o aumentaron a 190 millones para copias, recurso que podría reorientarse al transporte.
La subcoordinadora de la fracción, Leticia Ortega Maynez, advirtió que este aumento estaba determinado semanas atrás, y solo esperaban este fin de semana largo, para aplicar el “tarifazo”, a fin de evitar que los ciudadanos expresen el malestar.
“Es importante que en este asunto, en eso al menos el gobierno se apiade, venimos del cobro del replaqueo y siempre intentan sacar y exprimir a los ciudadanos”, indicó la diputada.
Los diputados reiteraron que el tema del transporte público no debe ser tomado como un negocio donde se le cargue la mano a concesionarios o usuarios, sino que el gobierno debe tomar las riendas, y realizar una verdadera reforma de transporte que involucre la participación del estado, los concesionarios y los usuarios, donde se vea como un derecho de movilidad.
