La Cámara de Diputados de México aprobó este martes una controvertida reforma que permite a elementos de la Guardia Nacional postularse a cargos de elección popular y facilita su transferencia al Ejército. La decisión, alcanzada con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, desató críticas de la oposición y reavivó el debate sobre la militarización de la vida pública en el país
Uno de los puntos más controversiales de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional yace en el Artículo 44, que otorga a los miembros de la corporación militarizada una vía legal para competir por cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia.
La aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional no solo ha transferido su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sino que ha introducido una de las disposiciones más explosivas y debatidas en la historia reciente de la legislación mexicana: la posibilidad de que sus integrantes, formados bajo disciplina militar, puedan convertirse en legisladores, alcaldes o incluso en el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
El mecanismo que permite esta transición será a través de una “licencia especial”, con el cual los integrantes de la Guardia Nacional podrán solicitar esta licencia para separarse de sus funciones y competir en elecciones. Los plazos establecidos son:
- Para cargos como diputaciones o senadurías: Deberán separarse de su cargo 90 días antes de la elección.
- Para el cargo de Presidente de la República: Deberán separarse seis meses antes del día de la elección.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la Constitución garantiza a todos los mexicanos el derecho a votar y ser votados. Desde su perspectiva, la ley únicamente regula la forma en que los miembros de la Guardia Nacional pueden ejercer ese derecho, estableciendo los periodos de separación necesarios, tal como se hace con otros funcionarios públicos.
Por su parte, la diputada Laura Ballesteros (MC), advirtió que, con estos cambios las armas suplantarían el poder de las leyes y las instituciones. “Lo que hoy tenemos frente a nosotras no es un mero cambio administrativo ni un ajuste técnico como lo quieren presentar, se trata de una reforma que consolida la militarización de la seguridad pública del país y no solo eso, consolida la militarización de la vida pública de México”, aseveró.
