La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dentro de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatal contra el juicio político que enfrenta ante el Congreso local.
Esta medida cautelar impide que se ejecute cualquier resolución derivada del procedimiento que implique la separación del cargo o la inhabilitación del mandatario, mientras el máximo tribunal analiza y resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, la suspensión no detiene el desarrollo del juicio político, por lo que el Congreso de Nuevo León podrá continuar con las etapas procesales correspondientes.
De acuerdo con la resolución, la Corte determinó que: “Se procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional”.
El tribunal precisó que la medida cautelar no busca frenar el procedimiento legislativo, sino evitar que se materialicen posibles sanciones antes de que exista una resolución definitiva sobre la controversia.
“Es importante reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”, señaló.
La SCJN argumentó que, de no otorgarse la suspensión, podría generarse una afectación de difícil reparación en caso de que posteriormente se declarara fundada la controversia constitucional, “pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”.
La controversia constitucional fue presentada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en contra del procedimiento de juicio político iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local. El proceso se originó a partir de una denuncia promovida por Morena, en la que se señalan presuntas violaciones constitucionales, irregularidades en el procedimiento y un supuesto desvío o triangulación de recursos públicos.
