El Gobierno de México anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad en donde se revise que candidatos no tengan vínculos con la delincuencia organizada.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó durante la mañanera que dicha propuesta busca prevenir postulaciones de personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027 (…) para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, explicó.
La iniciativa propone crear una “comisión de verificación de integridad de candidaturas” dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), que funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Alcalde comentó que los partidos podrán entregar de forma voluntaria listas de candidatos para consulta y las instituciones responderán únicamente si existe o no un “riesgo razonable”, sin revelar detalles de investigaciones en curso.
