De cada 100 casos de posibles actos de corrupción investigados por los órganos de fiscalización superior en México, apenas siete terminan con algún tipo de sanción por parte de los tribunales de justicia administrativa, reveló un nuevo informe de Transparencia Mexicana.
El estudio, difundido a unos días de que se presente un paquete de reformas en materia anticorrupción, encontró que únicamente el 7.1% de los casos investigados por los órganos de fiscalización superior del país llegaron a una sanción.
La investigación fue realizada con la participación de los órganos de fiscalización superior y los tribunales de justicia administrativa de las 32 entidades federativas, además de las instituciones correspondientes a nivel federal.
El análisis se concentró en los resultados de una de las facultades otorgadas a estas instituciones a partir de la reforma de 2015, cuando el Congreso de la Unión dio mayores atribuciones a los órganos federales y estatales de fiscalización para investigar faltas administrativas graves relacionadas con actos de corrupción.
Sin embargo, a más de una década de aquella reforma, los resultados recopilados por Transparencia Mexicana muestran que existe una amplia brecha entre los casos investigados y aquellos que finalmente reciben una sanción. La organización informó que el estudio presenta resultados tanto a nivel federal como para cada una de las 32 entidades del país, además de un balance general desde la aprobación de la medida en 2015.
El documento será entregado al Congreso de la Unión para que pueda ser considerado durante el análisis y discusión de las reformas a la legislación en materia de fiscalización superior previstas para este año.
Ante la próxima discusión legislativa, Transparencia Mexicana consideró positiva la propuesta de revisar la inmunidad procesal de funcionarios públicos, conocida como “fuero”, pero advirtió que esta medida por sí sola no garantizará que los casos de corrupción sean castigados.
“Coincidimos con la propuesta legislativa de revisar la inmunidad procesal, el llamado ‘fuero’, para facilitar la investigación de casos de corrupción gubernamental, pero también consideramos indispensable incrementar el riesgo de que las investigaciones por corrupción lleguen a sanción”, señaló Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, los resultados permitirán a los poderes Ejecutivo y Legislativo evaluar el funcionamiento del marco jurídico vigente y determinar si son necesarios cambios adicionales para conseguir que las investigaciones por posibles hechos de corrupción efectivamente concluyan en sanciones.
