La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió algunas de las comunicaciones enviadas al gobierno de Estados Unidos, con excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales, sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Tras darse a conocer que la información sobre el caso permanecería reservada por cinco años, la cancillería mexicana, por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló tres documentos: una nota informativa, un documento de líneas de comunicación con la postura del gobierno mexicano hacia EE.UU., así como una comunicación de extrañamiento.
En la Nota Informativa, con fecha del 29 de abril, se detalla que según autoridades estadounidense los 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, enfrentan acusaciones por colaborar durante años con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia EU.
También se les imputan delitos relacionados con posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Además, según las autoridades estadounidenses, habrían usado sus cargos públicos para proteger a líderes criminales.
Mientras que el documento Líneas de comunicación México-Estados Unidos, con fecha del 30 de abril, la cancillería reiteró que cualquier acción legal debe sustentarse en pruebas sólidas, verificables y conforme a la Constitución. Puntualizó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga las solicitudes y determinará los pasos a seguir con base en las pruebas y el debido proceso.
En el Oficio ASJ-22632, también con fecha del 30 de abril, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE expresó a la Embajada de EE.UU. en nuestro país, su “preocupación” por la revelación pública de los cargos penales y los nombres de las personas señaladas.
Consideró que con la divulgación podrían verse afectados los derechos al debido proceso de las personas reclamadas en extradición, antes de su detención y sometimiento al procedimiento correspondiente.
