El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para impulsar una reforma al sistema de fiscalías en México, que pondría fin al actual modelo de designación “autónoma” y devolvería al Ejecutivo Federal y Estatal la facultad directa para nombrar y remover a sus fiscales, tanto a nivel nacional como local.
Dicha iniciativa, cuyo borrador ya circula entre la Consejería Jurídica de la Presidencia y legisladores de Morena, según confirmó el medio El País busca que el presidente o los gobernadores puedan elegir a su fiscal, como ocurría antes de la reforma constitucional de 2014.
Esta presunta reforma sostiene que la autonomía de las fiscalías se ha vuelto un obstáculo para la justicia, sobre todo en estados donde hay fiscales ligados a algún partido de oposición quienes se han convertido en escudos de protección para políticos corruptos o en piezas de sabotaje frente a los gobiernos de Morena.
Como ejemplo, el medio destacó a: el panista Carlos Zamarripa quien estuvo al frente de la Fiscalía de Guanajuato por más de 15 años, mientras la violencia se disparaba en el estado. El fiscal Uriel Carmona, en Morelos, quien tuvo choques abiertos con Cuauhtémoc Blanco y fue acusado de politizar su cargo. En Tamaulipas, Irving Barrios fue apoyado por el exgobernador Francisco Cabeza de Vaca para evitar investigaciones en su contra.
Asimismo, destaca que la reforma también marcaría el fin de la era de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR). Designado por el Senado en 2019 tras una terna enviada por el presidente López Obrador, Gertz fue el primero en encabezar la nueva figura de fiscal autónomo, pero también sería el último, de aprobarse la nueva legislación.
Recordemos que, la autonomía de las fiscalías fue parte del paquete de reformas del sexenio de Enrique Peña Nieto, impulsada bajo el marco del Pacto por México. El plan de Sheinbaum es enviar la iniciativa en el próximo periodo ordinario del Congreso, hacia el último trimestre del año. La reforma contempla un artículo transitorio que respeta los periodos vigentes de los fiscales actuales, pero establece que los nuevos titulares serán designados por el Ejecutivo, como ocurría antes de 2014.
