Una jueza federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y a siete personas más, por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal.
Durante la audiencia que se extendió por espacio de 36 horas, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control con residencia en el penal del Altiplano, validó los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
De esta forma, Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios y ex vocal de Ingemar; José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de Ingemar, así como el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez, permanecerán en el penal del Altiplano.
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de Internacional de Fundentes, permanecerán en prisión domiciliaria en Saltillo, Coahuila, por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillen, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, permanecerá en el penal de Nezahualcóyotl Sur.
La FGR afirmó que las aprehensiones de estas personas derivaron de investigaciones sólidas, las cuales están apegadas a derecho y estrictamente jurídicas sin ningún sesgo de otra índole.
Según la imputación de la FGR, en 2025 Ingemar importó 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos, mientras que Servicios Aduanales JR, introdujo otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía. Del volumen total presuntamente introducido de manera ilegal, las autoridades federales aseguraron más 18 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública por 166 millones 466 mil pesos.
