Este domingo, México vivió un hecho inédito: una elección judicial abierta al voto popular. Se trató de elegir, por primera vez, a jueces, magistrados y ministros mediante el sufragio directo. Aunque sonaba como un gran paso hacia una justicia más democrática y cercana al pueblo, en la práctica terminó siendo un desastre.
La jornada electoral fue confusa desde que comenzó. La mayoría de los votantes llegó a la casilla sin saber a quién estaba eligiendo ni para qué. Las boletas eran extensas y saturadas de nombres desconocidos: candidatos que, en muchos casos, nunca se presentaron públicamente, por lo cual los ciudadanos nunca pudieron saber cuál era su verdadera experiencia profesional en el ámbito judicial.
Y cuando el votante no sabe, alguien más decide por él. Así fue como conocimos los famosos “acordeones”, que se volvieron protagonistas de la jornada. Estos papelitos fueron repartidos con la intención de promover a perfiles específicos. Los acordeones funcionaron como sustitutos del criterio personal. Mucha gente votó como le indicaron esos papeles, no porque estuviera convencida, sino porque no sabía cómo votar.
Sin embargo, debemos reconocer que este problema no comenzó el domingo. Empezó mucho antes, desde que se anunció la reforma judicial sin una estrategia clara. El comité técnico que debía evaluar a los más de tres mil aspirantes judiciales renunció, denunciando que no existían condiciones de autonomía ni criterios objetivos para hacer su trabajo. Su ausencia no detuvo el proceso: el Senado decidió que lo más práctico era sacar los nombres por un sorteo. Así de fácil. Lo que debía ser un filtro de excelencia se convirtió en una tómbola judicial. No importó la experiencia, ni la preparación, ni el historial ético. Importó la suerte. Así de frágil y peligroso fue el filtro previo a la elección.
Después vino el silencio. Silencio institucional, silencio de medios, silencio de los propios candidatos. Aunque hubo campañas, los candidatos no pudieron darse a conocer, ya que eran demasiados; el recurso que se podía utilizar para promoverse era muy poco, y las reglas sobre lo que se podía o no hacer no estaban claras. Se dejó que los ciudadanos llegaran solos, desinformados, a votar sobre algo que no entendían completamente. ¿Qué hace un magistrado de circuito? ¿Por qué importa quién es juez de distrito? ¿Qué decisiones puede tomar un ministro de la Suprema Corte? Y cuando no se entiende la importancia de un cargo, el voto se convierte en una carga, no en un derecho.
Lo que se vivió este domingo fue una jornada marcada por la confusión y la desilusión. La participación fue bajísima. En algunas zonas, apenas unas cuantas personas acudieron a las urnas. No porque no les importe la justicia, sino porque este proceso nunca fue pensado para involucrarlas realmente, ya que no se dieron las herramientas mínimas para ejercer un voto informado y libre.
Y no se trata solo de un problema logístico. Es un problema de fondo. Se intentó democratizar un sistema sin primero reformarlo internamente. Se puso el voto como fin, no como medio. Y lo más grave: se debilitó aún más la legitimidad del Poder Judicial, un poder que ya sufría una profunda crisis de confianza. Porque si los jueces ahora serán elegidos sin filtros técnicos, sin trayectoria probada y con votos manipulados, ¿qué clase de justicia vamos a tener?
En vez de abrir el sistema, lo empujamos hacia el desorden. En vez de acercar la justicia al pueblo, la disfrazamos de democracia, mientras se manipulaban listas, se repartían nombres al azar y se dejaba a los votantes solos, confundidos y desinformados. Votar por jueces no es como votar por presidentes. No basta con carisma ni con promesas. Se necesita preparación, trayectoria, ética, conocimiento. Y todo eso brilló por su ausencia. La elección judicial pudo ser un gran paso. Pero, con este nivel de improvisación, solo fue una advertencia.
