Con un consenso unánime de 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 constitucional. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo eliminar las llamadas “pensiones doradas” asignadas a exfuncionarios de alto nivel y directivos de empresas de la Federación.
El dictamen establece que: ninguna jubilación o pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario neto de la titular del Ejecutivo Federal, lo que fijaría un límite máximo de alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Mientras al interior del recinto las distintas bancadas presentaban sus posturas, a las afueras de San Lázaro se vivieron momentos de confrontación. Un grupo conformado por jubilados y extrabajadores de dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, protestaron contra la aprobación del dictamen.
En tribuna, legisladores del bloque mayoritario (Morena, PT y PVEM) defendieron la reforma argumentando que responde a una necesidad de austeridad republicana y justicia social. Aseguraron que dicha medida no busca castigar a la base trabajadora, sino terminar con los privilegios desproporcionados de una cúpula que sangra las finanzas públicas.
Tras la aprobación en lo general, el pleno pasó a la discusión en lo particular de las reservas. Si la Cámara de Diputados confirma el texto de la minuta, al tratarse de una reforma constitucional, deberá ser avalada por la mayoría de las legislaturas estatales antes de enviarse al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
