Con la finalidad de fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual y ampliar las medidas de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes, el Congreso de Chihuahua en Sesión reformó las leyes estatales del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Movilidad, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Víctimas.
En este sentido, se dará atención médica y psicológica gratuita y medidas de protección reforzadas para víctimas y sus hijas e hijos en casos de violencia familiar o sexual, y se creará un protocolo obligatorio para prevenir y atender casos de abuso sexual en el transporte público.
Con este ajuste, se busca avanzar hacia un marco jurídico más articulado, mediante disposiciones que refuercen la prevención, detección oportuna, atención integral y protección de las víctimas, bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y debida diligencia.
Dentro de las modificaciones se estableció que la asistencia médica y psicológica gratuita para atender las consecuencias de la violencia se extienda, en casos de violencia familiar o sexual, a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la patria potestad, guarda, custodia o cuidado de la víctima.
Además, se incorporó el derecho a recibir una atención digna, oportuna y libre de revictimización, además de establecer la obligación de brindar traslado seguro a la víctima y, cuando corresponda, a sus hijas e hijos, hasta que se determine la medida de protección correspondiente.
Asimismo, las autoridades deberán actualizar los protocolos estatales de prevención, detección, atención e intervención en casos de violencia, de conformidad con los instrumentos nacionales aplicables.
Como parte de las medidas, se deberán implementar diagnósticos y acciones institucionales para prevenir el abuso sexual, además de fortalecer la capacitación del personal en perspectiva de género, prevención y actuación institucional inmediata
Con estas adecuaciones se busca fortalecer el marco jurídico para garantizar a mujeres, niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia, así como una atención integral, digna y libre de revictimización, a través de la coordinación institucional y mecanismos de atención y protección.
