La diputada Rosana Díaz Reyes presentó la iniciativa denominada como “Ley Vico”, que propone endurecer las sanciones por maltrato y crueldad animal, así como establecer una protección especial para los animales de servicio, distinción aún no contemplada en ninguna entidad del país.
La propuesta legislativa, suscrita por el diputado Octavio Javier Borunda Quevedo, integrante del Partido Verde Ecologista de México, busca reconocer de manera expresa a los animales que realizan labores de seguridad pública, búsqueda, rescate, protección civil, asistencia y atención de emergencias.
Según lo explicado en la exposición de motivos, el nombre de la propuesta es un homenaje a Vico, perro del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, de 9 años de edad y 6 de servicio, que murió el 6 de febrero de 2026 tras ser atacado con un machete cuando participaba en la atención de un reporte de violencia familiar en el ejido El Fresno. Fue despedido cuatro días después con guardia de honor, pase de lista y salvas. Las sanciones que el agresor enfrenta actualmente por el crimen son de 6 meses a 2 años de prisión, pena similar para cualquier otro animal asesinado.
“Vico protegió a los chihuahuenses durante años. Hoy nos corresponde hacer que la ley también proteja a quienes sirven, rescatan y salvan vidas”, expresó Rosana Díaz.
La reforma propone que, cuando un delito se cometa en contra de un animal de servicio, la pena aumente en dos terceras partes, con un incremento adicional de una mitad cuando la agresión busque impedir su trabajo o sea una represalia por haberlo realizado. Aparte, se buscó que la muerte de un animal de servicio pudiera alcanzar los 10 años de prisión, y 15 cuando medie represalia.
La diputada planteó además elevar la sanción por la muerte de un animal, que de manera actual se castiga con sanciones de 6 meses a 2 años, a una pena de 5 años; y para lesiones graves, una pena de 2 a 5 años, comprendiendo por primera vez la mutilación y la pérdida permanente de una función.
Para finalizar, dijo que, cuando al animal de servicio se le provoque la muerte, se provoque tortura, extrema brutalidad, envenenamiento, quemaduras, asfixia o cualquier método que prolongue la agonía, la pena iría de 5 a 10 años, y el techo de las multas subiría de 250 a 1,500 Unidades de Medida y Actualización, que por ley ingresan al Fondo Estatal de Bienestar Animal. La iniciativa suma siete agravantes, entre ellas que los hechos ocurran a la vista de niñas, niños o adolescentes o que se les utilice para cometerlos.
