Don Jesús Reyes Heroles, señalaba que… “En política, siempre se elige entre inconvenientes” … hoy esa expresión toma importancia por varios temas que se encuentran en la agenda pública estatal y nacional. La reforma judicial, lo he señalado de manera reiterada es un acto eminentemente de venganza, no tiene mayor propósito que “electorizar” los espacios de representación jurisdiccional y con ello apoderarse de la función de brindar justicia; esta decisión no brinda elementos para que la justicia sea más pronta y expedita; sin embargo, dentro de los muchos inconvenientes que deben enfrentar los Estados con esta decisión del oficialismo, esta aquel inconveniente entre cuidar o no cuidar los derechos que tienen adquiridos jueces y magistrados en las entidades federativas.
No podemos olvidar que la función judicial requiere un alto grado de especialización e independencia, lo cual también bien lleva consigo la posibilidad de permanencia en el cargo; lo anterior, a fin de brindar estabilidad en el servicio público que brindar y con ello no estar sujeto a los vaivenes de la política electoral y, con ello, estar sujetos a intereses que desvíen su actuar por quedar bien con algún personaje político y no con el deber de brindar justicia. Así pues, se definieron una serie de prestaciones y derechos laborales que garantizaran la permanencia, inamovilidad, mejores salarios y un retiro seguro para quienes desarrollan esta labor; sin embargo, en la abrupta manera en la que los destituyeron de sus cargos, sin una razón lógica, ética y jurídica, más solo aquella que nace de la venganza del Tlatoani del oficialismo, muchos se quedaran sin empleo, sin seguridad laboral y sin un proceso de crecimiento en el poder judicial. Ante esto surge pues la pregunta, ¿Qué tipo de retiro se les puede brindar? Si los derechos que tienen adquiridos estaban previstos para un escenario de retiro distinto al actual.
Ante esta transformación del sistema judicial, resulta imperativo establecer un mecanismo de retiro anticipado que garantice una transición ordenada y proteja los derechos adquiridos de quienes han dedicado su trayectoria a la administración de justicia, el cese anticipado de magistrados y jueces implica un trastorno en sus expectativas laborales y, en muchos casos, interrumpiendo el derecho a acceder a una jubilación en las condiciones originalmente previstas. En este contexto, se logró diseñar, en el caso de Chihuahua en un mecanismo híbrido, donde no se vayan con todo, pero tampoco se vayan sin nada; me parece que es un acto de respeto a la decisión profesional de prepararse y prestar un servicio público como el de dictar la verdad legal; ya que, resulta congruente el planteamiento de una reforma a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con el fin de establecer un esquema de pensiones que contemple la antigüedad en el servicio público que venían desempeñando, dicho esquema permitirá que jueces y magistrados que cumplen con los requisitos de jubilación reciban una pensión en proporción al tiempo de servicio y, en el caso de quienes no reúnan los requisitos para retirarse conforme al régimen ordinario, se establezca un haber de retiro que incluya porcentajes progresivos de acuerdo con los años laborados en el Poder Judicial.
No podemos olvidar que esta decisión es producto del atropello al poder judicial, consecuencia de una decisión del oficialismo encabezado por Morena; no es un acto de agandalle, porque estoy seguro que muchas y muchos servidores públicos del poder judicial no quisieran el retiro, sino la permanencia en su trabajo, en su desarrollo profesional; ellos también tienen que tomar una decisión entre los inconvenientes que esta reforma judicial trae consigo.
