El gobierno de Estados Unidos hizo oficiales las sanciones contra políticos, exfuncionarios, empresarios y presuntos operadores vinculados con una red del Cártel de Sinaloa en Baja California, luego de que las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro fueran publicadas en el Registro Federal estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció el pasado 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 empresas señaladas de formar parte de una estructura relacionada con el tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción vinculada con la facción conocida como Los Mayos.
Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La OFAC lo identifica como un operador político presuntamente vinculado con Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, y sostiene que habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y protegerlo de la intervención de autoridades en Baja California.
De acuerdo con el documento publicado en el Registro Federal el 6 de octubre, Torres fue incluido en las sanciones por presuntamente haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, a una organización vinculada con el Cártel de Sinaloa.
La medida también alcanza a otros personajes relacionados con la estructura señalada por Washington. Entre ellos se encuentra Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien es acusado por las autoridades estadounidenses de mantener vínculos con la red de El Ruso. También fue sancionado Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas y exasesor legislativo del gobierno de Baja California.
En el ámbito empresarial, la OFAC incluyó compañías con operaciones principalmente en Tijuana y otros puntos de Baja California. Entre ellas aparecen empresas relacionadas con servicios de seguridad, bienes raíces, entretenimiento, tecnología y otras actividades comerciales que, según el gobierno estadounidense, habrían sido utilizadas para proporcionar apoyo financiero o material al grupo criminal.
Entre las empresas sancionadas se encuentran Inteliproof Efficient, Proyecto Alerta Verde, Videovigilancia Colaborativa, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría y otras compañías relacionadas con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien la OFAC identifica como asociado de una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa.
Las sanciones implican restricciones financieras bajo la jurisdicción estadounidense y buscan impedir que los individuos y empresas designados puedan realizar operaciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos. Además, los bienes o intereses en propiedades de las personas y entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera también incorporó a los señalados en su Lista de Personas Bloqueadas, como parte de las medidas financieras relacionadas con las designaciones estadounidenses.
