Hugo Salas/ Columnista
A lo largo de las últimas décadas, la evolución del proceso presupuestario ha recibido el impulso de dos tendencias principales.
Primera, a fin de evitar las crisis experimentadas en los decenios de 1980 y 1990, el gobierno ha trabajado en el diseño de un marco institucional para la gestión estable y sostenible.
Segunda, el país concluyó el proceso de transición de un sistema político dominado por uno solo al multipartidismo político. Como bien es sabido, la función presupuestaria, más que de establecer el denominado ciclo financiero (o presupuestario) de la nación (el cual se compone básicamente de los elementos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas) configura un sistema que trasciende a la vida democrática del País, ya que, como es sabido, dicha función se encomienda a través del Poder Ejecutivo, con participación efectiva del Poder Legislativo.
Dicho presupuesto es aprobado por la Cámara de Diputados, tal como la propia
carta magna lo determina en el artículo 74 fracción IV, el cual dicta como facultad
exclusiva de esta, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.
Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria.
Ahora bien, el paquete económico presentado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O (en esta ocasión, en un acto protocolario, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República) el 8 de septiembre pasado, tal como lo ordena la Carta Magna, establece la responsabilidad del Estado de promover la satisfacción de las necesidades colectivas de una manera justa, con proyectos que garanticen el encauzamiento del desarrollo económico nacional con programas sociales que sustenten el nivel de vida de las mayorías, lo que en este año, se reafirma como la manera en llevar a cabo la continuidad del proyecto de la transformación de la vida pública del país.
Dicho proyecto prioriza la inversión social y las planificaciones que impulsan la inversión física, así como beneficio y aumento relativo a los rubros de Salud, Bienestar, Seguridad y Educación, todo con una base de finanzas públicas sanas y sin desequilibrios macroeconómicos, reforzando así la ejecución de los programas que otorgan un beneficio directo a la población.
Con lo anterior se sostiene que, con el buen manejo macro y microeconómico de las finanzas públicas, se puede lograr más con menos, y detonar el desarrollo que tanto merece nuestro País.
A decir del propio Secretario de Hacienda nacional, el proyecto de presupuesto público para el ejercicio fiscal 2023, resulta congruente y mantiene la política de austeridad republicana, así como el no endeudamiento sin incrementos a los impuestos, demostrando con ello que, sin corrupción y sin anteponer los intereses particulares sobre lo colectivo, es posible lograr más.
Los textos presentados son autoría de quien se especifica, y no necesariamente representan la política, pensamiento y/o ideología de Café Ciudadano.
