Hugo Salas | Columnista
Desde días previos, conforme se desarrolla la participación de ciertos actores políticos al inicio de los trabajos del parlamento abierto en San Lázaro, se actualiza el tema de la reforma electoral. La iniciativa propuesta por el Presidente de la República contiene el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.
La oposición (PRI, PAN, PRD) ha manifestado que “no aprobaran ninguna reforma constitucional cuyo objetivo sea destruir al país”. Lo que deja ver sin lugar a dudas y de nueva cuenta, que la oposición inexistente en México, se esmera por ir en contra de los intereses del Pueblo de México. El antecedente directo quedó manifiesto con la discusión relativa a la Reforma Eléctrica propuesta también por el titular del Ejecutivo Federal, que contenía las premisas de garantizar la seguridad energética y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, los mismos que votaron en contra del proyecto, quienes aseguraban que ese Domingo de discusión se abría un nuevo capítulo con un poder legislativo más dispuesto a plantarle la cara al Ejecutivo, no conciben que a quien le hacen daño no es al Presidente sino al Pueblo, quien es el beneficiario de las políticas públicas.
Se tiene ahora la oportunidad de crear un sistema electoral verdaderamente imparcial, que tenga funcionarios honestos que cumplan los principios constitucionales que rigen en materia electoral. Un sistema electoral que brinde seguridad y respeto a la honradez y legalidad; autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales;
Que garantice la libertad política de los ciudadanos; democracia directa al elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en los Estados con uso del método de listas; así como aplicar la austeridad republicana en lo que se refiere a que se eliminarían 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes en la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado, partiendo del mismo principio aplicable para las Entidades Federativas, y se limite el financiamiento de los partidos políticos solamente para los gastos relativos al financiamiento para las campañas electorales, suprimiendo el denominado financiamiento ordinario.
Un sinfín de beneficios aplicables a uno de los Sistemas Electorales más caros del mundo, el INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, funcionarios que ingresan a sus bolsillos, un aproximado de $262,634.00 pesos, más todas las prerrogativas de las que disfrutan por actuar como comparsa del viejo régimen, funcionarios que no garantizan democracia.
Cabe recordar que en la organización de la revocación de mandato llevada a cabo el 10 de abril pasado, la autoridad administrativa electoral se encargó más que de organizar, a poner trabas, las cuales consistieron, entre otras, en disminuir casillas, el uso de las unidades territoriales para delimitar secciones electorales y que el sufragio se complicara para los votantes, todo esto con la finalidad de suprimir el derecho humano a la participación política de los ciudadanos.
Tenemos la oportunidad de transitar a una democracia efectiva, sin embargo, como lo han manifestado, la oposición se encargará de ir en contra de los intereses del pueblo.
