La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó vigente una disposición de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua que ordena fomentar “el uso correcto” de las reglas gramaticales y ortográficas del español, pero cerró la puerta a que esa frase se utilice para prohibir o desalentar el lenguaje inclusivo en las escuelas.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 127/2025 y 133/2025, el Pleno optó por una interpretación conforme: la norma puede permanecer en la legislación estatal siempre que sea aplicada de manera compatible con la Constitución, particularmente con los principios de “igualdad y no discriminación”.
La disposición cuestionada fue incorporada al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación mediante un decreto publicado el 26 de noviembre de 2025. Aunque su redacción únicamente habla de fomentar el “uso correcto” de la gramática y la ortografía, la reforma fue promovida políticamente como una medida contra el llamado lenguaje inclusivo.
¿Qué sí y qué no pueden hacer con el lenguaje inclusivo?
Es importante mencionar que, dicha a resolución evita eliminar la disposición, pero limita su alcance. Es decir, las autoridades educativas de Chihuahua podrán seguir promoviendo la enseñanza de las reglas del español, pero no podrán utilizar esa obligación para excluir o impedir la enseñanza del lenguaje inclusivo y no sexista.
La propia SCJN sostiene en su Guía para usos de lenguaje inclusivo y no sexista que estas formas de comunicación pueden contribuir a visibilizar a mujeres, diversidades y personas históricamente colocadas en situaciones de vulnerabilidad, además de combatir expresiones sustentadas en prejuicios y estereotipos.
La decisión abrió también una disputa política sobre su interpretación. Carlos Olson, diputado del PAN e impulsor de la reforma, celebró este lunes que la Corte hubiera dejado vigente el artículo y afirmó que “se mantiene la prohibición” del lenguaje inclusivo. Sin embargo, el alcance fijado por la resolución establece precisamente que la norma no puede entenderse ni aplicarse como una prohibición.
La Corte preservó la enseñanza normativa del español, pero fijó un límite constitucional: las reglas gramaticales no pueden convertirse en una herramienta para excluir expresiones vinculadas con igualdad, identidad o diversidad.
