Chihuahua.- El abogado Héctor Villasana Ramírez informó sobre los avances de los procesos judiciales que enfrenta el exfiscal César J. M. ante autoridades estatales y federales. En relación con la investigación de competencia local, por presuntos actos de corrupción, señaló que la defensa atendería las diligencias correspondientes el jueves 22 de octubre, mientras que, en el ámbito federal, durante la madrugada de este miércoles se desarrolló una audiencia relacionada con la acusación contra su representado.
Prisión preventiva en el ámbito federal
Respecto al procedimiento federal, el representante legal informó que el juez Alfonso Santos Dorantes impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Según explicó, la determinación se sustentó en las disposiciones constitucionales que, a su consideración, resultan aplicables al delito de traición a la patria imputado a su cliente.
Asimismo, el defensor Villasana Ramírez indicó que el próximo sábado 24 continuará la audiencia en el Penal del Altiplano.
La Defensa cuestiona orden de aprehensión
En cuanto al proceso del fuero común, Héctor Villasana cuestionó la necesidad de solicitar una orden de aprehensión contra el exfiscal, al sostener que este atendió los requerimientos de las autoridades federales y estatales cuando fue citado.
“Él compareció al primer llamamiento y expuso la información que a él le constaba. Incluso hay un video del entonces fiscal, vocero de la Fiscalía de la República, Ulises Lara, que confirma la presentación del licenciado Jáuregui. Incluso, él mismo dice que aportó información valiosa para el esclarecimiento de los hechos. Lo mismo pasó aquí en Chihuahua: él compareció ante la licenciada Wendy Chávez Villanueva”, argumentó el defensor.
Falta de competencia de unidad especializada
Asimismo, Ramírez cuestionó la competencia de la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narcolaboratorio de «El Pinal», ubicado en el municipio de Morelos, Chihuahua. A juicio de la defensa, dicha instancia carecía de atribuciones para investigar presuntos delitos relacionados con servidores públicos y, por tanto, para ejercer acción penal en ese asunto.
“Para ello está creada, aquí en Chihuahua, una Fiscalía Anticorrupción que precisamente se creó para la investigación de delitos contra servidores públicos. Este acuerdo de creación de la unidad especializada para investigar delitos, particularmente este delito, no tiene facultades para investigar y mucho menos para ejercitar la acción penal, como lo hicieron”, sostuvo Villasana Ramírez.
Finalmente, el abogado indicó que el pronunciamiento judicial sobre ese planteamiento quedó pendiente y, según lo señalado por la defensa, se daría a conocer durante la audiencia programada para el día siguiente.
